Restricción del tránsito, controles y registros

Overview & Synopsis

Esta contribución tiene por objeto examinar la normativa que regula la restricción de movimientos y los controles por parte de las autoridades policiales conforme a la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana y, en concreto, sus artículos 17 y 18. Se plantean dudas en torno a la constitucionalidad de ambos, debido a su imprevisibilidad o a su falta de precisión, al limitar derechos fundamentales como la libertad ambulatoria o, incluso, la intimidad por los registros en vehículos y el derecho de manifestación. Aquella norma contempla conceptos jurídicos indeterminados como seguridad ciudadana o riesgo para las personas que otorgan un amplio margen de apreciación a la policía y no permite comprender en qué casos las personas pueden ser objeto de registros o intervenciones. Por una parte, la restricción de movimientos puede producirse cuando puede alterarse la seguridad ciudadana o la convivencia pacífica, aun tratándose de una manifestación en el espacio público. El capítulo del libro propone ciertos criterios de actuación, que se han construido partiendo de la doctrina y la jurisprudencia. El eje principal de todos ellos es el principio de proporcionalidad y la necesidad de ponderar en cada caso los derechos que entran en conflicto, justificando el peso que se le concede a uno u otro de acuerdo con las circunstancias de hecho. Los controles deben tener presente la existencia de indicios previos en torno a una posible actividad criminal, lo que nuevamente plantea problemas de seguridad jurídica. ¿En qué casos el indicio es suficientemente significativo para practicar el control? Podemos deducir la respuesta de la casuística de los tribunales, pero el problema estriba en que será muy complicado probar la ausencia de peligro para la seguridad ciudadana, al margen de que la jurisprudencia se ha pronunciado de forma favorable cuando efectivamente la policía ha descubierto la existencia de actividad delictiva. El gran problema que suscita este tipo de intervención policial es la fina línea entre una actuación preventiva y unas diligencias propias de la vía penal. Así, cabe preguntarse si, a tenor de la LOPSC, pueden practicarse controles o registros en casos en que se cometan infracciones administrativas, lo que supondría restricción de la libertad de movimientos por la supuesta comisión de una infracción, y todo ello está vedado por el art. 25.2 CE. Por otro lado, cuando se lleve a cabo la diligencia policial, las pruebas que se obtengan no son preconstituidas, debido a que no hay presencia letrada y, además, cualquier tipo de interrogatorio o declaración de la persona afectada por la intervención no podrá emplearse sin la previa lectura de derechos. De lo contrario, debe reputarse nula. Los protocolos policiales deben tomar en consideración las garantías de defensa desde el momento en que la persona puede ser imputada por la comisión de un delito.